Es innegable que Brasil está viviendo una crisis política y de representación de proporciones casi bíblicas (casi, porque bíblico en serio fue nuestro 2001). Para entender cómo se llegó a eso, es importante comprender previamente lo distinto que es el sistema político brasileño del argentino, cuáles son sus actores y sus objetivos, y qué jugadas hicieron para llegar a esta instancia.
Brasil es un régimen presidencial, pero su sistema de partidos tiene algún tufillo a parlamentarismo europeo. Eso es así porque existe un partido que tiene mucho peso en las categorías legislativas (aunque no logra ganar una elección presidencial con candidato propio desde 1985) sin el cual es virtualmente imposible gobernar: el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Más aún, se torna muy difícil para otra fuerza – llámese Partido de los Trabajadores, en este caso – llegar a la presidencia sin hacer una alianza con el PMDB, cediéndole varios ministerios e, inclusive, la vicepresidencia. Esa es, entre otras, una de las razones principales de la enorme cantidad de ministerios que tiene el Estado nacional brasileño.
Dilma Rousseff ganó la reelección a la presidencia en 2014 (había tenido un primer mandato que comenzó en 2010) triunfando en una segunda vuelta muy reñida contra Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña, de corte conservador. Ella, del PT, estaba en alianza con el PMDB, liderado por su candidato a vicepresidente, Michel Temer. Lo ajustado del resultado se debió, en buena parte, a que la bonanza macroeconómica que caracterizó a Brasil durante la mayor parte de las presidencias del PT (Lula y Dilma) empezó a disminuir. Por esa razón, la discusión de la campaña se centró en la dinámica que iba a tener el tan mentado e inevitable ajuste: gradual o de shock (¿les suena?).
En ese sentido, es claro que – de por sí – las condiciones en las que Dilma asumía su segundo mandato no eran las más propicias para tener una popularidad arrolladora. Protestas por recortes, indicadores macroeconómicos flojos y un estilo presidencial poco amistoso (incluso, con sus propios ministros) generaron un clima áspero en el que cualquier chispa podía desatar un incendio.
Y la chispa, como ocurre casi siempre en estos casos, llegó: el “petrolao”. Este caso comenzó llamándose popularmente “lava jato” (lavado rápido) e investigaba a un grupo de empresas constructoras que se había formado para ganar licitaciones de Petrobras, petrolera estatal brasileña. Se sospecha que, entre otras cosas, pagaron coimas al ex-Presidente Lula y que ese dinero se usó para obras en su Fundación, y para reformar dos casas de fin de semana que él niega que sean suyas. Dilma fue también alcanzada por este caso porque, además de haber sido Ministra de Lula, su campaña fue coordinada por Joao Santana, publicista que fue preso en el marco de esta investigación. Un escándalo de corrupción hecho y derecho.
En este punto es donde entra a jugar la dinámica cuasi-parlamentarista del presidencialismo brasileño, y lo hace – al menos – en dos sentidos. En primer lugar, los regímenes parlamentarios tienen como característica peculiar la existencia de una “válvula de salida” simple para un primer ministro que pierde apoyo: una vez que se cae la coalición parlamentaria que lo sostiene, debe renunciar y se elige a otro, sin que el sistema peligre. El presidencialismo no cuenta con esa ventaja, porque los períodos son fijos. La única manera de terminar con un mandato antes de tiempo sin que el Presidente renuncie es hacerle un juicio político por haber cometido algún delito. Pero… ¿Es posible hacerle un juicio político a una Presidenta por un caso en el que no está imputada? No, pero es posible buscar otro motivo.
En este caso, el motivo que encontraron algunos legisladores (uno de ellos, curiosamente, fundador del PT) para impulsar el juicio político fue el desvío de fondos de bancos públicos a las arcas fiscales para disimular, justamente, el déficit fiscal y aparentar que las finanzas del país tenían una mayor solvencia que la que realmente existía. No se conoce ningún caso de juicio político por esta razón. No es un procedimiento legal, y ha sido criticado, pero nunca causal de juicio político. Que el motivo legal utilizado es una excusa para que Rousseff deje su cargo (suponiendo que así terminará la crisis política en la que está sumido el país) se vio muy claramente en los argumentos sobre los que los legisladores que votaron a favor del juicio político sostuvieron su decisión: “por el cumpleaños de mi nieta”, ”por mi hija Manuela que está por nacer, por mi sobrina Helena y por todos los corredores de seguros del Brasil”, “por los militares de 1964” (que torturaron a Rousseff) y “por la Nación evangélica y por la paz de Jerusalén” fueron algunos.
En segundo término, aún una vez empezado el proceso, quizás Dilma hubiera podido frenarlo… Si hubiera podido sostener la coalición gobernante que había construido con el PMDB. El partido de Michel Temer le soltó la mano cuando terminó de confirmar que el destino de la Presidenta era prácticamente inexorable y que, además, iba a poder hacerse cargo del gobierno. Así, se declaró independiente, y empieza a construir nuevamente poder desde una base muy débil.
Si dos tercios de los senadores consideran que Rousseff es culpable de lo que se la acusa, ella será apartada del cargo de manera permanente. En ese caso, está por verse si el PMDB está construyendo un gobierno de transición hasta un llamado anticipado a elecciones o si planea terminar el mandato de Dilma y fortalecerse. En cambio, si el umbral de dos tercios no se alcanza, ella permanecerá en el cargo, pero con menos legitimidad que nunca. Está por verse cómo reaccionarán sus opositores a eso.
Lo que no está por verse son dos cosas. En primer lugar, sobre el corto plazo, el juicio político ya es una realidad, Dilma está suspendida y Michel Temer es presidente por 180 días. ¿El juicio es legal? Sí, aunque el motivo es una cortina de humo que maquilla la razón real. En ese caso, ¿el juicio es legítimo? Esa opinión es de cada uno. En segundo lugar, sobre el largo plazo, dos de los cuatro presidentes brasileños electos de manera directa sufrieron juicios políticos por motivos legales que no eran los que realmente sostenían quienes impulsaban esos procesos. Quizás vaya siendo hora de que Brasil se asuma y piense en una reforma del sistema político que le permita sortear más fácilmente este tipo de crisis.
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