La situación de los centros culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no goza de buena salud hace muchos años. Luego de la evitable tragedia de Cromañon, donde murieron 194 personas, todos los gobiernos que pasaron se han dedicado a lavar sus culpas apuntando hacia centros culturales donde todas las bandas y artistas – sin importar su tamaño o prestigio- tenían un lugar para poder expresarse y crecer profesionalmente. En este comienzo de año, el panorama no parece estar cerca de cambiar, siendo la primera víctima del 2018 el JJ Circuito Cultural.
Desde 2004, la intensidad de las clausuras ha disminuido respecto de aquella primera oleada, pero todavía se mantiene latente. Los dos sucesivos gobiernos de Mauricio Macri y el que actualmente comanda Horacio Rodríguez Larreta no han sido para nada benevolentes con la cultura y convirtieron ese área en una pantalla para promocionar las acciones propias sin ningún tipo de pudor.
Puesto en funcionamiento en Noviembre del año pasado, el “JJ Circuito Cultural” estaba ubicado en la calle Jean Jaures 347 y tenía todos los papeles en regla. En muchos cierres recientes, se esgrimieron – a veces con razón- argumentos referidos a la limpieza y también al tipo de habilitación que tenían. Es importante remarcar esto último, porque hay muchos espacios culturales que albergan constantemente bandas en vivo sin tener la autorización para hacerlo, más allá de que las razones por las que no la poseen sea una cuestión más bien política antes que relacionada con lo legal.
Es normal que estas clausuras “al boleo” sean bajo la justificación de que “no se puede tener otro Cromañón, hay que prevenir la tragedia”. Esto es algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo, pero lo cierto es que el bienestar de los espectadores es lo que menos le importa a quienes manejan los destinos de estos lugares. Todo se suele reducir a cuestiones que se arreglan bajo la mesa, a la vieja usanza, como si el tiempo no hubiese pasado y todavía nos encontrásemos en el Salvaje Oeste.
Quienes recorren estos espacios en la noche porteña y conocen también a muchos de sus dueños, saben que es más el dinero que pierden que el que pueden ganar por semana. También están al tanto de las luchas constantes contra la policía, los inspectores y los muchas veces irrisorios reclamos de los vecinos por ruidos que verdaderamente no son molestos ni mucho menos.
La decisión de clausurar el “JJ Circuito Cultural” fue tomada por el Juzgado N°7, correspondiente al Juez Alejandro Buján y de la Fiscalía N°20 dirigida por Juan Ernesto Rozas. Exhibiendo todos los papeles correspondientes en regla, los directores del espacio cultural denunciaron una persecución política y un cierre arbitrário, consecuente de esta acción llevada adelante por el gobierno porteño.
A pesar de tener la habilitación correspondiente, el Registro de Actividades Catalogadas aprobado por la Agencia de Protección Ambiental, el 22 de febrero pasado el fiscal y el juez mencionados en el párrafo anterior enviaron a la policía para que clausure todos los equipos de audio del lugar. Esto fue detallado por Julieta Carunchio, responsable del centro cultural, quien tuvo que vivir esta situación tan injusta como desagradable en una jornada que se estaba desarrollando con absoluta normalidad.
El viernes 1 de Marzo se llevó adelante la correspondiente audiencia, aunque por momentos se asimiló más que nada a una emboscada según las palabras de Luis Pedreira, otro de sus directores: “El día de hoy, viernes 1 de marzo, en el Juzgado Número 7 se desarrolló una audiencia vergonzosa. Una audiencia donde no importaron los papeles en regla, ni las pruebas, ni ninguna de las tantas propuestas de convivencia que acercó el espacio cultural. Una audiencia cuyo final ya estaba decidido mucho antes. El juez determinó no sólo no levantar la clausura del equipamiento, sino aseverar la medida y clausura por completo el local”.
Este problema no parece estar en la agenda del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que continúa ignorando la – aprobada en 2015- “Ley de Centros Culturales” que da marco legal a los establecimientos culturales. A pesar de haber sido publicada en el Boletín Oficial del 29 de Diciembre de 2015, la ley jamás se ejecutó siendo el resultado el que los espacios culturales tuviesen que obtener de forma obligatoria y provisoria la habilitación como “Teatros Independientes”. La ventaja es que de esa manera pueden vender comida y bebida (muchas veces es su único ingreso en una jornada), pero no se permite que las personas dentro del lugar bailen y/o salten, inhabilitando la presencia de bandas que toquen en vivo.
El organismo responsable de su ejecución es la Agencia Gubernamental de Control, pero no parece estar entre sus principales prioridades cumplir con esta ley. La justificación que en su momento dio el titular Gabriel Quaranta (dirigente del PRO y Jefe de la Comuna 5) resume el desprecio hacia los centros culturales: “Antes había centros culturales a los que no les importaba estar en regla, cobraban subsidios sin que nadie los controlara”. Que en el pasado y en el presente existan lugares fuera de la ley, no es algo que deba sorprender a nadie, pero eso no significa que por un prejuicio más bien clasista tengan que pagarlo quienes tienen los papeles en orden.
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