Los docentes, el salario, la evaluación, Vidal, Baradel, los sindicatos, 35%, 19%, cláusula gatillo por inflación, oferta superadora, paro de dos días, o no, mejor de cuatro días, adhesión al paro nacional, acatamiento, ajuste, provincia en crisis, diálogo, bla, bla, bla… Todo esto se escuchó en el discurso de los actores involucrados en la problemática docente en los últimos días. ¿Y los pibes que concurren a colegios públicos? Spoiler alert: en sus casas. Y sin clases.
Para entender el problema, es necesario poner sobre la mesa las dos posturas. El reclamo docente es claro y concreto: el salario en la provincia de Buenos Aires es bajo y no alcanza para cubrir necesidades básicas. Hoy, el sueldo mínimo de un maestro de grado de jornada simple (20 horas cátedra) en esa jurisdicción es de $9.801,34. Cabe destacar que las horas cátedra no son lo único que hace el docente, sino que también prepara clases, actividades y materiales para su trabajo en el aula.
Además, el aumento de 35% en 2016 quedó debajo de la inflación, que rondó el 40%. Los docentes argumentan que deben recuperar ese poder adquisitivo. Para eso, la oferta del gobierno (19% con cláusula gatillo si la inflación supera ese porcentaje) es considerada insuficiente porque la inflación proyectada ronda el 21% como mínimo. Así, en el mejor de los casos se podría mantener el poder adquisitivo actual, pero no recuperar la baja anterior. Dada la lejanía que hay entre la oferta realizada y su pedido (un 35%), sostienen que sus medidas de fuerza están justificadas. La situación económica de muchos de los integrantes del colectivo docente es verdaderamente preocupante.
Por otra parte, el gobierno sostiene que la discusión salarial puede darse desde el diálogo, con los chicos en las aulas, y que existe una intencionalidad política manifiesta en las medidas de fuerza. Eso se observa, por caso, en el hecho de que provincias que tuvieron incrementos salariales significativos – como San Luis – también irán al paro nacional. También se ve en el no acatamiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y ratificada por la justicia, que incluía la obligación de no convocar más paros por 15 días. El carácter excesivo de la medida, argumentan, queda claro con el bajo grado de acatamiento (el lunes 14 de marzo, 50% aproximadamente).
Nobleza obliga, los gestos del gobierno apuntan a priorizar que los pibes estén en las aulas: se hicieron múltiples ofertas a los sindicatos, y María Eugenia Vidal anunció en conferencia de prensa un bono a cuenta del aumento a acordar y un reconocimiento monetario especial, por única vez, a los docentes que decidieron dar clases y no pararon. Sin embargo, también hay que decir que esto último es una forma de lograr un objetivo muy parecido a lo que se lograría descontando los días de paro, posibilidad refutada por la justicia hace no mucho por ir contra el derecho de huelga consagrado en la Constitución Nacional.
Otro argumento del gobierno desnuda una de las dos tensiones estructurales que el conflicto saca a relucir: el estado financiero de la provincia de Buenos Aires. Se sostiene que ésta no puede prometer más de lo que puede pagar, y que la situación es crítica. Se trata de un déficit fiscal de $21.470 millones de pesos y un aumento del 35% en la deuda pública durante 2015. Este punto no tiene que ver con decisiones ni de los docentes ni de Vidal. El gobierno de Daniel Scioli fue el que dejó la provincia en esa situación, y los actores deben negociar hoy con ese contexto dado. Puesto eso, argumentan que un aumento del 19% “como piso y sin techo” (dada la cláusula gatillo por inflación) es muy razonable.
La otra tensión tiene que ver con la estructura del sistema de carrera docente: remuneración baja que no se condice con la importancia del rol, formación menos exigente que otras profesiones (es terciaria, mayormente) y sin evaluación ni sobre los docentes ni sobre los alumnos. Mientras el Estado quiere que se dé una discusión de largo plazo que todos los temas, los docentes no parecen interesados en ir más allá del salario de corto plazo. De hecho, es necesario recordar que hubo cortocircuitos entre los sindicatos y el Estado cuando este último intentó evaluar a los estudiantes para conocer cuánto sabían de cada tema y entender por dónde empezar a reforzar contenidos. Los primeros consideraron erróneamente que se trataba de una persecución, y las relaciones nunca se reconstruyeron.
En resumen, entonces: con la provincia quebrada y un sistema de carrera docente perverso, asistimos a una conversación de sordos. Ni los sindicatos quieren escuchar sobre la crítica situación financiera del Estado provincial y sobre la importancia de repensar la carrera docente, ni el Estado quiere escuchar sobre las necesidades económicas acuciantes (y, por tanto, de cortísimo plazo) que pasan algunos maestros. Como no hay diálogo, nadie cede. En un contexto así, hay un solo actor que puede tener razón: los pibes que quieren volver a clase.
Es importante destacar que esos pibes no son todos. Quienes concurren a colegios privados, mayormente, no están afectados por estas medidas de fuerza. Eso quiere decir dos cosas. En primer lugar, que quienes tuvieron la suerte de nacer en una familia que puede afrontar económicamente una educación privada tienen ventajas de aprendizaje sobre quienes no. Esas ventajas ya no solo se relacionan con el contenido, sino con el mero hecho de que el colegio esté abierto. En segundo lugar, que aún las personas que no ganan demasiado dinero intentarán “estirarse” para enviar a sus hijos a escuelas privadas, garantizando las clases, cosa que el Estado es incapaz de hacer en esta situación. Esto quiere decir que la situación perjudica particularmente a los pibes pobres, y no solo en su presente, sino también en su futuro. La solución debe ser inminente.
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