21.05.20 – Trescientos sesenta y cinco días después de la noche que lo cambió todo para siempre. Familiares, amigas y amigos de las víctimas siguen firmes en el único reclamo posible, ante semejante pérdida: justicia.
Es difícil poner en palabras cualquier sentimiento. Más aún el dolor, porque con el tiempo puede volverse una carga, una sombra que nos acompaña a donde quiera que vayamos. El mismo, puede tener diversos orígenes, con o sin conexidad entre sí. Y, a su vez, es probable que encuentre asilo en la memoria, en el recuerdo que es capaz de acercarnos a quienes la muerte nos ha alejado. Al menos, físicamente.
El gran dolor de San Miguel del Monte, comenzó en la madrugada del 21 de mayo de 2019. Cuando un grupo de amigas y amigos, a bordo de un Fiat 147, salió a divertirse, sin saber que esa sería su última noche: Camila López (13), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14), vecines de la ciudad, y Aníbal Suárez (22), nacido en Misiones, perdieron la vida en lo que hoy se conoce como La Masacre de Monte. A elles se les suma Rocío Guagliarello (13), la única sobreviviente, quien resultó gravemente herida. Luego de que el auto en el que viajaban, impactara contra un camión con acoplado. Después de haber sido perseguido por patrulleros de la policía del lugar, en circunstancias que aún se desconocen.
Esa brutal persecución, todavía investigada por la justicia, arrojó primariamente un saldo de 13 detenidos, 12 ellos efectivos de la comisaría de San Miguel del Monte, y un funcionario de dicha localidad. Y si bien, todavía no se ha podido dilucidar, cuál fue el motivo exacto que desencadenó este trágico episodio. Sí se pudo constatar que el auto en el que viajaban les pibes, recibió disparos y que al menos uno de los tripulantes, tenía restos de proyectil en su cuerpo.
A semanas del hecho, la fiscalía a cargo del caso, solicitó la prisión preventiva para los efectivos de la fuerza policial y el funcionario municipal, bajo los cargos de “homicidio doblemente agravado, por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales, y por el empleo de armas de fuego” para los cuatro policías, y “encubrimiento agravado” para los demás involucrados.
Por su parte, fue el juez Eduardo Silva Pelossi, quien finalmente decretó la prisión preventiva para los cuatro policías por “homicidio agravado”, y los otros siete por “encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
Poco tiempo después de la masacre, distintos grupos autoconvocados se dieron cita en diversos puntos del país, para acompañar a les familiares y amigues de les víctimas, en su reclamo de verdad y justicia. Quienes, con motivo del primer aniversario de la masacre, redactaron el siguiente documento:
“A UN AÑO DE LA MASACRE DE MONTE
Semillas que germinan
Esté 20 de mayo de 2020 se cumple UN AÑO desde el día en que nuestro pueblo vivió el más triste de los escenarios.
Ese lunes a la madrugada Danilo (13 años), Camila (13 años), Gonzalo (14 años), Aníbal (22 años) y Rocío (en ese momento, 13 años) paseaban por la laguna en un Fiat 147 que Aníbal había logrado comprarse con mucho esfuerzo y con el que soñaba visitar a su mamá en Misiones. Hasta que la policía comenzó una feroz e inútil persecución y a modo de cacería abrió fuego contra el auto asesinándolxs brutalmente. Sólo Rocío quedó con vida, aunque gravemente herida.
A la masacre se la intentó encubrir disfrazándola de accidente, a través del cinismo típico de culpar a las víctimas y responsabilizar a las familias, violentando su dolor. Pero ese mismo 20, como sol inevitable de cada día el pueblo reaccionó y nunca más calló, marcando un rumbo, un camino que hace un año transitamos.
Aquel día junto a la fuerza y valentía imprescindible de las familias, vecinxs, amigxs y testigxs, se cortó la ruta para deslegitimar las versiones policiales, y todo el entramado que se había puesto en marcha para garantizar la impunidad política y policial.
No sabíamos cómo hacerlo, fuimos construyendo el modo: lxs familiares al frente y el pueblo como sostén, como tierra fértil, salimos a las calles cada vez que fue necesario; acompañadxs por la historia y la experiencia de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y familiares víctimas de gatillo fácil; para gritar sus nombres y que resuenen en todos lados, para denunciar cada una de las injusticias que ocurren en Monte y en otros territorios, y para sumarnos al grito de que NUESTRXS PIBXS NO SON PELIGROSXS, SINO QUE ESTÁN EN PELIGRO.
NUNCA MÁS soltamos sus banderas. Cada 20 nos convocamos en la “Plaza de Lxs Pibes” con consignas de solidaridad y compromiso, activamos la memoria de sus sonrisas, el rap y sus patinetas; a través de intervenciones artísticas entre murgas y campeonatos de skate, exigiendo justicia desde las calles, porque sus ausencias son presencias que como brújulas guían este andar.
La MASACRE DE MONTE sucedió durante el Gobierno de Mauricio Macri, quien de la mano de su Ministra de Seguridad Patricia Bullrich implementaron la Doctrina Chocobar, a través de la misma se oficializó en el año 2018 el reglamento para el empleo de armas de fuego, habilitando a las fuerzas de seguridad a disparar con la sola “sospecha”, sobre personas en situación de fuga. Las consecuencias de la estigmatización y criminalización de la juventud son lamentables y se miden en números horrorosos; según CORREPI, aquel mes de mayo hubo “26 muertes en manos del estado en apenas 20 días. Un muerto cada 19 horas”. Así un día antes a la Masacre de Monte, en Martín Coronado (Pcia. de Buenos Aires) la policía también asesinó a sangre fría a Diego Cagliero, hecho por el cual ayer también se cumplió un año.
La causa principal de la masacre tiene 23 imputados, en su mayoría, efectivos policiales, 8 de ellos detenidos. Son investigados por la persecución policial y el encubrimiento 13 de ellos. El Capitán de la Policía Rubén Alberto García y los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibañez por homicidio; el subcomisario Micucci y los oficiales José Manuel Durán, José Alfredo Domínguez, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Nadia Alejadra Genaro y Melina Noelia Bianco por falsedad ideológica de instrumento público agravado y encubrimiento agravado. Por último, el teniente Héctor Enrique Ángel y el entonces secretario de seguridad del Municipio Claudio Martínez están imputados por encubrimiento agravado.
Paralelamente se están investigando el accionar de la entonces Intendenta Sandra Mayol y Nelson Barrios, un funcionario del cuerpo de bomberos municipal. Se investiga si conocían o fueron parte de las acciones corporativas de encubrimiento que se desplegaron para ocultar la responsabilidad policial.
También se inició una denuncia de la CPM por tareas de inteligencia ilegal y actos intimidatorios y amenazantes contra familiares de la masacre, con el claro fin de silenciar sus voces. Algo que nunca lograron.
Si bien hoy no nos podemos abrazar ni encontrar en las calles, como cada 20, debido a razones de público conocimiento, sabemos que estamos juntxs, movilizadxs trayendo a nuestro presente a CAMILA; DANILO; GONZALO; ANIBAL y ROCIO y a cada pibe/a de sueños arrebatados.
Vamos a seguir, cada 20, desde la ternura y la organización para que aquellas semillas florezcan en la alegría y dignidad de cada niño/a.
El dolor se convirtió en lucha, una lucha de todxs, de rechazo a la impunidad de estas políticas represivas, de muerte y dolor. POR LA MEMORIA DE LOS PIBES Y PIBAS QUE HOY NO ESTÁN. Y POR LA DIGNIDAD DE LOS QUE SÍ ESTÁN.
¡Verdad y justicia! Por Danilo, Camila, Gonzalo, Aníbal y Rocio.
¡LLEVAMOS SUS SONRISAS COMO BANDERA! ¡VUELEN ALTO MIS GUERREROS!
¡Una vez más queda demostrado que nuestros pibes no son peligrosos! ¡Sino que están en peligro! ¡Cárcel para los responsables!
Cuando decimos nunca más, es nunca más. ¡Basta de Gatillo Fácil! ¡El Estado es responsable!”
Desde Rock ‘N Ball, nos parece importante destacar la lucha incansable, de las familias de les pibes. Quienes no claudicaron ante el dolor y, gracias al coraje que guió desde el comienzo, cada una de sus acciones. Han logrado constituirse como un ejemplo de amor, y compromiso con la vida. Asimismo, adherimos a su pedido de justicia y nos solidarizamos, con cada une de elles.
En el entendimiento de que la violencia institucional, en cualquiera de sus formas, es un grave problema que hace tiempo azota a nuestro país. Por eso, consideramos de gran importancia que cada une de nosotres, desde el lugar que nos toque ocupar, hagamos lo posible para que los derechos humanos, sean respetados y cumplidos por cada ciudadane, independientemente de su cargo o clase social de pertenencia.
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