– Mirá, me gustaría encontrar una buena escuela para Robertita (nombre ficticio). No podemos pagar una privada, así que quiero que sea pública y me gustaría que tenga un buen nivel académico, que no pierda clases y que no entre en conflicto con sus compañeros.
– Ah, es muy difícil lo que pedís…
El diálogo es real. Se dio entre una asistente social que trabaja en escuelas públicas (y participó del paro y de la multitudinaria marcha) y un amigo de ella, padre de familia que sólo quería saber a qué secundaria podía enviar a su hija Robertita que cursa sexto grado. Eso muestra algo que los propios trabajadores de la escuela pública, que la sostienen con su esfuerzo, saben desde hace tiempo: la desidia del Estado argentino en los últimos (¿20? ¿30? ¿40? ¿50? años) desprestigió la escuela pública y la hizo perder terreno frente a las privadas.
Esto no solo lo saben los docentes, sino que también lo saben los padres. Según el Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, desde 2003 la matrícula en colegios públicos bajó 11,5%, mientras que la de privados subió un 27%. En 2016, los públicos tuvieron aproximadamente 20.000 alumnos menos, y los privados, 20.000 alumnos más.
Para muestra de lo sucedido basta un botón: en las pruebas Aprender 2016, los estudiantes que alcanzan el nivel “Satisfactorio Avanzado” en el sector privado duplican en porcentaje a los que “cayeron” (ironía, claro está) en el sector público. Además, 27,4% de los estudiantes de colegios estatales no alcanzan el nivel básico en prácticas del lenguaje (contra 15,4% de los privados). La diferencia se replica de manera aproximada en las demás asignaturas evaluadas. Esto quiere decir que la percepción de docentes y padres está, al menos relativamente, justificada.
Sabiendo esto, es relevante pensar si una situación así es lo que queremos como sociedad y – de no ser así – cómo es que llegamos a una situación que no deseamos y cómo podemos salir. Un primer punto es claro: en Argentina existen colegios no pagos, pero quien puede pagar accede a uno, se dice, de mejor calidad académica. Una norma o regla que, de todas maneras, cuenta con varias excepciones. Pero esa situación se parece bastante más a una distribución de recursos basada en capacidad de pago con una opción gratuita que a un país comprometido con la educación pública.
Eso es un problema porque la movilidad social ascendente se complejiza y las desigualdades se perpetúan. Dado que la
igualdad de oportunidades es un principio con el que están de acuerdo la izquierda y la derecha aunque disientan en los medios para alcanzarla, entonces el status quo actual no es deseable. Lo que querríamos como sociedad parece ser un sistema en el cual todos los chicos, sin importar su clase social, recibieran una educación similar y por lo tanto tuvieran oportunidades similares, o al menos no diferenciadas por el sueldo de sus padres. Comenzarían en un punto parecido, y todo logro posterior (académico y/o profesional) sería fruto de su esfuerzo canalizado por su contexto familiar. El Estado no ayudaría a acentuar diferencias de clase, sino a reducirlas.
Sin embargo, estamos en un punto totalmente opuesto. Una de las razones por las que eso sucede tiene que ver con que parte del dinero que podría invertirse en infraestructura del sector público se invierte en subsidiar el sector privado. Según el ex-legislador del MST Alejandro Bodart, eso sucede desde tiempos del primer peronismo (estaba destinado a colegios privados que estuvieran donde el Estado no llegaba), pero fue ampliado por Illia para llegar hasta el 100% de los salarios docentes.
Como bien sostiene CIPPEC, el total de dinero por chico que recibe un colegio privado (pago de la cuota sumado al subsidio) es mayor al que recibe un colegio público por parte del Estado, y eso explica en parte la diferencia en los resultados. Si bien sucede en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los distritos con subsidios más bajos, en otros la situación se agrava aún más. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ha ido aumentándolos durante los últimos años, lo cual es objeto de preocupación por parte de ONGs (como es el caso de ACIJ).
Esto no explica completamente el crecimiento de la matrícula de las escuelas privadas ni la baja del nivel de las públicas. Sin embargo, sí contribuye a generar un círculo vicioso. El hecho de que al Estado le resulte más barato en términos de dinero financiar parcialmente a la educación privada que construir escuelas y mantenerlas hace que la educación privada de cuotas bajas sea parte necesaria del sistema. Ese razonamiento llevó a todos los gobiernos a dejar de lado el costo social que esa situación demostró tener en términos de desigualdad de oportunidades (por lo explicado anteriormente). Para volver atrás existe una complicación mayúscula: el crecimiento demográfico. Hoy en día, después de años de funcionamiento de este mecanismo perverso, no hay escuelas públicas suficientes para albergar a tantos pibes. Así, el sistema está pensado como desigual de entrada.
La posibilidad de salir, si existe, seguramente estará relacionada con un plan de infraestructura a muchos años (otros 20, cuanto menos) y un proyecto de
jerarquización de la profesión docente que incluya evaluaciones, una carrera universitaria y un sueldo de base más alto que el actual. Esto último debe ser lo primero: sin los docentes a gusto no hay educación pública posible. El gobierno tiene, entonces, una gran ventana de oportunidad para negociar estos temas en conjunción con la lucha salarial de los sindicatos si maneja el tema inteligentemente.
Lograr una reforma así daría un salto de calidad a la escuela pública y equipararía oportunidades, lo cual podría llevar a bajar gradualmente los subsidios cuando las personas deseen obtener gratis lo que antes pagaban. Por supuesto, para hacerlo se requiere un acuerdo político entre fuerzas y un acuerdo federal entre provincias. No parece fácil, pero valdría la pena intentarlo.
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