Una situación inédita desde la vuelta de la democracia tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. La policía de la provincia entró a esa casa de estudios mientras se realizaba un asado de bienvenida a los de primer año y, alegando una denuncia de un vecino por “ruidos molestos”, detuvo a dos dirigentes estudiantiles. Éstos fueron liberados horas después cuando se hizo presente en la comisaría el Decano, Mario Bonillo, que calificó el hecho como un “abuso de autoridad” y sostuvo que “se han hecho denuncias porque los chicos han sido maltratados”. El propio Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes, publicó una carta en la que sostiene que se le negó su derecho a realizar una llamada, que no se le comunicó el motivo de su detención y que recibió golpes en el cuello y en la frente y lastimaduras en las muñecas.
La preocupación por motivo de la detención de los jóvenes es loable. Esa cuestión, por supuesto, puede discutirse. Si la Universidad debe o no permitir que se haga un asado con consumo de alcohol y música durante la madrugada en sus instalaciones es una pregunta legítima que merece otro debate. Sin embargo, todas las luces deben apuntar al accionar policial, porque la Ley de Educación Superior no permite a la fuerza pública siquiera pisar establecimientos de este tipo sin una orden judicial. Su artículo 31 sostiene:
“La fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida”.
La pregunta, entonces, debe formularse de otro modo: aún si no fuera correcto el asado, etc., etc., ¿debe la policía provincial detener personas dentro de una Universidad Nacional? ¿Puede privar a un detenido de sus derechos y, más aún, maltratarlo? El hecho se agrava aún más si se tiene en cuenta el carácter de dirigentes estudiantiles de los detenidos (uno de ellos, presidente del Centro de Estudiantes). Eso quiere decir que la situación no solo va contra la Ley de Educación Superior y contra la autonomía universitaria, sino que además tiene una connotación política innegable, aún si se quisiera interpretar que el Gobierno no la buscó.
Sosteniendo esa crítica, merece un párrafo aparte la comparación del tema con la “noche de los bastones largos” que se suscitó en las redes sociales. La “noche de los bastones largos” se dio en dictadura, en cinco facultades de la UBA ocupadas por docentes y estudiantes en un contexto de protesta e incluyó palos y gases lacrimógenos que derivaron en el exilio de miles de científicos (lo cual se conoció como “fuga de cerebros”). Por todo esto, queda claro que cualquier intento de comparación directa entre los dos sucesos es una banalización del segundo y cae por sí solo. Quitar relevancia a lo sucedido en épocas oscuras de nuestra historia nos lleva a valorar menos la democracia que tanto nos ha costado como sociedad.
Sin embargo, el contexto democrático no hace menos grave el accionar del gobierno jujeño. Que éste actúe como si tuviera autoridad para pasar por encima de las leyes hace un poquito peor a la democracia de esa provincia. Aunque ni se acerque a ser una dictadura, le quita legitimidad y calidad institucional. La situación tiene un paralelo con la detención de Milagro Sala, porque las razones también merecen un debate aparte pero los procedimientos – según, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – no son los establecidos por la Ley, lo cual la hace ilegal.
Como se sostuvo en este mismo espacio en referencia al accionar policial en la marcha del Día de la Mujer, la orden de reprimir es una orden política. Así como el uso legítimo de la violencia es lo que define a un Estado y lo diferencia de cualquier otra organización que dispone de una población y un territorio, la decisión sobre las situaciones que ameritan su ejercicio es parte de las prerrogativas de un Gobierno que fue elegido para dosificarlo. Este caso es distinto de aquel, porque el propio gobernador Gerardo Morales pidió disculpas a los detenidos vía Twitter y calificó como “una vergüenza” el accionar de su administración. Sin embargo, esas declaraciones – si bien saludables – son insuficientes, porque se requieren acciones concretas para que este tipo de situaciones no sucedan más. ¿Qué disculpas caben para una persona a la que se privó de algunos de sus derechos en democracia, aunque más no sea por algunas horas?
En conclusión, la detención de los dos estudiantes jujeños merece preocupación por el accionar anti-institucional del gobierno de esa provincia, cuyo desdén por ciertas normas es preocupante para la calidad de su democracia, aún a pesar de los dichos del gobernador. Sin embargo, es importante aclarar que la situación no se parece a lo sucedido en dictadura, y que la comparación puede perjudicar a la democracia aún más que la postura del Estado porque toda negación de la verdad histórica contribuye al olvido, y todo olvido contribuye a la repetición de los errores.
Comentarios