La relación entre política y fútbol se remonta prácticamente a los primeros tiempos del profesionalismo. Internacionalmente, por ejemplo, son conocidas las historias de Mussolini amenazando planteles de la selección italiana. En el plano local, la relación de Racing con Perón (a través de su Ministro Ramón Cereijo) y con Néstor Kirchner o la propia procedencia del presidente Mauricio Macri (que antes de volcarse a la política partidaria encabezó la comisión directiva de Boca) son casos recordados. Sin embargo, todos son capítulos que merecen un mayor desarrollo. Actualmente es noticia un programa público relacionado con la política desde su nacimiento: Fútbol Para Todos (FPT).
Para decirlo claramente: se trata de la compra de los derechos de transmisión de los partidos por parte del Estado con el objetivo de garantizar su gratuidad. El gobierno nacional, luego de terminar con el programa y dejar que la AFA licite los derechos entre privados, acordó con el ganador de esa compulsa mantener la gratuidad hasta noviembre. Esa no es una fecha arbitraria, dado que es el mes inmediatamente posterior a las elecciones legislativas. En criollo: el gobierno intenta no pagar en votos el costo político que esa decisión, sabe, le traerá.
Esta historia comienza unos años antes. Poco se recuerda que el primer torneo televisado por FPT fue el Apertura 2009, que coronó campeón al recordado Banfield de Julio César Falcioni. El anuncio se hizo el 20 de agosto de ese año y ni la decisión ni la fecha fueron causales. Habían pasado casi 2 meses desde el 28 de junio, cuando el kirchnerismo perdió por primera vez en la provincia de Buenos Aires (había ganado en 2005 y 2007) con Francisco De Narváez.
FPT fue una de las medidas que el gobierno tomó en aquel entonces con vistas a levantar su popularidad. Eso quiere decir que tiene su raíz en un resultado electoral. De hecho, Hebe de Bonafini sostuvo alguna vez que “FPT no está para ganar plata, sino para hacer política”, justificando así el gasto público que implicaba el programa. La perspectiva con la que el gobierno de Macri analiza la situación, entonces, no es novedosa.
Es sabido hace varios años que FPT era insostenible financiado plenamente por el 
Estado, y más aún en un contexto de déficit fiscal como el de los últimos años. Ahora bien, ¿era necesario privatizarlo? El proyecto original de FPT planteaba una situación de auto-financiamiento vía publicidad privada que incluso podía haber generado ingresos al Estado sin cobrar un abono a los usuarios. Aunque prácticamente solo se incluyó publicidad oficial y esa idea no avanzó, no parecía una locura retomarla ahora. El gobierno hubiera evitado el costo político y el costo fiscal con la misma maniobra.
Entonces, si era tan fácil, ¿por qué no lo hizo? Básicamente porque sólo con ingresos de la publicidad (sin cobrar abono o sumar dinero), el Estado no está en condiciones de igualar ante la AFA las ofertas de los privados . Por lo tanto, la presión de los clubes para abrir la licitación a privados fue fortísima, dado que ingresarían muchísimo más dinero en una situación de vacas flacas. El contexto internacional, además, obliga a la AFA a hacerse fuerte financieramente para ayudar a que los clubes paguen salarios más altos. De otro modo, la liga argentina será aún menos competitiva de lo que ya es, porque los jugadores se irán al exterior todavía más rápido. Entendiendo esto, la venta de los derechos de TV al mejor postor era prácticamente inexorable. Si se hubiera decidido otra cosa, los clubes hubieran puesto el grito en el cielo.
El gobierno, entonces, tiene claro que el costo político será pagado inevitablemente. En este contexto, postergar el momento del primer pago del abono por parte de los televidentes no es un delirio. No es lo mismo para ellos saber que en algún momento van a tener que pagar 300 pesos por mes que hacerlo efectivamente. En este sentido, es verdad que el malestar que pueda generar la medida va a ser menor en el momento de la elección.
Sin embargo, el gobierno peca de ingenuo al quedarse sólo con esa perspectiva, porque los votantes evalúan las medidas tomadas aunque todavía no hayan tenido un impacto inmediato. Pensar que la decisión no va a ser tenida en cuenta por los votantes es creer que porque aún no pagan o no se enteraron o no les importa. En otras palabras, es lisa y llanamente subestimarlos. Además, la mayoría de las personas encuestadas sobre el tema adhiere al fin del programa, mientras que quienes están en contra posiblemente nunca votarían al gobierno. Por lo tanto, el impacto de posponer el pago hasta noviembre será nulo en los votantes decidamente opositores u oficialistas, pero puede ser negativo sobre los indecisos que sientan que se les toma el pelo. Parece una decisión tomada apresuradamente.
En conclusión, entonces, difícilmente el gobierno podía lograr quedarse con los derechos de TV del fútbol sin perjudicar financieramente a la AFA y deteriorar la liga. Sabiendo que debía pagar inevitablemente ese costo político, contribuyó a que se dé el proceso de licitación y se llegue a la privatización, pero consensuó con el ganador que el comienzo del cobro sea posterior a las elecciones. Esa decisión, si bien puede parecer razonable, es apresurada si se tiene en cuenta que es el votante indeciso el que analizará la decisión independientemente del momento de su implementación efectiva. En este sentido, quizás hubiera sido preferible hacerlo previamente y no exponer deliberadamente motivaciones electorales que, si bien son legítimas, no suelen ser bien vistas.
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