Es muy loco. No debería pasar, pero pasa. Así como suena, mientras el Estado perdió en manos de privados (privados grandes, de esos que se la llevan toda en serio) $40.000 millones o más, los políticos oficialistas y opositores se echan la culpa entre ellos y judicializan el tema. Casi como si a los ciudadanos de a pie esa plata no nos hiciera falta.
Para entender este embrollo, es necesario empezar por el principio: los contratos a futuro son una operación válida y legal. Se usan para comprar o vender algo en una fecha futura y con un precio determinado. Por ejemplo, supongamos que un comprador pacta con un vendedor una operación por un celular que sale $5000 a pagar dentro de tres meses. En ese momento, la venta deberá hacerse a ese precio; no importa si el precio de mercado del celular bajó o subió durante esos tres meses. Si bajó (poco probable), el comprador habrá perdido plata, porque hubiera podido adquirir el celular más barato. En cambio, si subió, la habrá perdido el vendedor, porque hubiera podido cobrarlo más caro.
Ahora bien, ¿qué pasa si el objeto a comprar/vender es una cantidad determinada de dólares? Es prácticamente lo mismo. Supongamos que una persona pacta comprarle a otra U$S100 a $10 cada uno ($1000 en total) dentro de tres meses. Si transcurrido ese tiempo el precio se mantiene igual, es como si la transacción no se hiciera, porque pueden cambiarse U$S100 por $1000 indistintamente.
En cambio, el precio del dólar podría en ese plazo – por ejemplo – subir a $11 o bajar a $9. Si la operación se pactó con un contrato a futuro, debe realizarse con el precio acordado de $10 independientemente del precio de mercado. En la práctica, en el primer caso el comprador puede pagar $1000 para comprar U$S100 al vendedor – porque así lo acordó – y cambiarlos por $1100 en cualquier otro lado. El comprador gana $100 que el vendedor pierde. En el segundo caso ocurre lo opuesto: el comprador paga $1000 para comprar U$S100, pero el vendedor puede con esos $1000 comprar U$S111 en cualquier otro lado. El vendedor gana $100 que el comprador pierde.
Eso no parece tener mayor impacto en las finanzas de un país. Que haya o no diferencia entre dos privados en la compra-venta de algo (sean celulares, dólares o mandarinas) no le importa a nadie. En ese sentido, el dólar a futuro es un mecanismo de especulación financiera más. Sin embargo, puede ser también una herramienta de política económica. En ciertos momentos, por alguna razón, el gobierno de turno considera necesario que los demás actores de la economía crean que el precio del dólar pasado algún tiempo será, por ejemplo, $10, de modo que sus expectativas (y por tanto sus acciones) se ajusten a eso.
Para eso se usan los contratos de dólar a futuro. El razonamiento es que si el Estado genera contratos para vender dólares (en pesos, como ya se explicó arriba) a un precio determinado dentro de tres meses, la cotización del dólar utilizada en el contrato será muy cercana a la vigente en ese momento, porque de otra manera el Estado perdería plata al compensar por la devaluación a quien compra esos dólares.
En el caso argentino, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aumentó radicalmente durante 2015 el uso de contratos de dólar futuro. No es posible saber por qué razón, pero es razonable pensar que una devaluación cerca de las elecciones hubiera generado un resultado aún peor que el que enfrentó. Además, se suponía que la existencia de estos contratos “ataba” al gobierno entrante – propio o ajeno – a no devaluar en una primera etapa, porque la pérdida enfrentada sería muy alta.
Pero la devaluación también es una herramienta de política económica. El kirchnerismo perdió, y el 10 de diciembre Mauricio Macri asumió la Presidencia y “eliminó el cepo cambiario”. En la práctica, devaluó el dólar oficial prácticamente un 50% (lo acerco al valor del “dólar blue” o “dólar libre”, unificándolo) para generar expectativas de una economía más transparente y beneficiar a los exportadores, dándole un poco de aire a la (deteriorada) balanza comercial. Al hacerlo, se encontró con que debía enfrentar pérdidas por $70.000 millones ocasionadas por los contratos de dólar futuro que el kirchnerismo había suscrito.
Habiendo sucedido esto, Federico Pinedo y otros legisladores oficialistas denunciaron a Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Alejandro Vanoli (hoy procesados) por lo que llamaron “la estafa del dólar futuro”, aduciendo que por culpa de esos contratos el Estado perdería al menos $40.000 millones. En tanto, Héctor Recalde y otros legisladores opositores demandaron a Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, por considerar que la devaluación fue la que perjudicó al Estado y que, además, fue hecha adrede para favorecer a los particulares que habían firmado contratos de dólar a futuro con el Estado.
¿Quién tiene razón? Probablemente, nadie. Es muy difícil llevar a la justicia una medida de política económica. Aunque el juez Bonadío haya procesado a Cristina Fernández de Kirchner y a algunos funcionarios de su administración, es muy poco probable que exista una condena firme por una medida de este tipo, dado que se supone tomada por funcionarios idóneos y que para algo existe la división de poderes. Por la misma razón, es también improbable que algo suceda con Sturzenegger y sus colegas.
Está claro que el final de la historia es un enorme perjuicio para las arcas públicas, pero es muy difícil saber si fue primero el huevo o la gallina. La moraleja que tenemos que aprender como país de todo esto es que no podemos tener nunca más transiciones tan desordenadas, porque nos cuestan miles de millones de pesos a todos los argentinos. Y vaya si los necesitamos.
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