Los delitos relacionados el ejercicio de la función pública pueden tomar diversas formas: desde el liso y llano robo de fondos públicos hasta mecanismos más sofisticados que se utilizan a cambio de ciertas decisiones. Ejemplos de esto son los sobreprecios, ciertas donaciones de campaña y el ofrecimiento de beneficios laborales a los funcionarios al momento de dejar sus cargos. Lo que está claro es que no son crímenes comunes. Están englobados bajo el paraguas que comúnmente se denomina “corrupción”, entendida por el estudioso Michael Johnston como el “abuso del oficio, poderes o recursos públicos para el beneficio privado”. Desde el candidato a presidente más relevante hasta el menos renombrado candidato a concejal del municipio más chico, todos han prometido luchar contra ella. Nadie se atrevería a reivindicarla abiertamente.
Sin embargo, hay acciones que abren algunas dudas sobre los discursos anti-corrupción de algunos dirigentes políticos. Ante la renuncia de Susana Malcorra – Canciller ampliamente respetada incluso por los opositores al gobierno – Mauricio Macri ungió como su reemplazante a Jorge Faurie, embajador argentino en Francia. Esa designación pudo ser celebrada en tanto se trata de un diplomático de carrera que llega al escalón máximo de la cancillería, algo poco frecuente.
Pero sus antedentes no parecen avalarlo demasiado: Faurie estuvo implicado en el escándalo relacionado con la cuenta en Suiza de Ramón Hernández, ex secretario privado de Carlos Menem. En rigor, fue quien autorizó la renovación de su pasaporte diplomático (que le permitía moverse en aeropuertos del mundo sin pasar por aduanas) en noviembre de 1999, cuando se sabía por el resultado electoral que dejaría su cargo al mes siguiente. Para peor, Hernández no lo devolvió hasta pasados algunos años. Además, Faurie omitió en su declaración jurada un vínculo comercial que mantenía con él y por eso fue denunciado ante la justicia por la Oficina Anticorrupción. Este último entramado le costó el pedido de renuncia como vicecanciller de Carlos Ruckauf durante la presidencia de Eduardo Duhalde, quien lo envió como embajador a Portugal.
Está claro que Faurie es de confianza del Presidente, a quien ayudó con la organización de su compleja ceremonia de asunción. Además, conoce y mucho de diplomacia, puesto que es egresado del ISEN. En este contexto, surge un interrogante clave: ¿es aceptable la designación de un candidato que es idóneo para el puesto en términos técnicos y en quien el primer mandatario confía políticamente, pero cuya honestidad está en duda para buena parte de la sociedad? Acordar con eso contrastaría sobre todo con el discurso de lucha contra la corrupción que Macri enarbola permanentemente. En general, ese discurso está enfocado en el gobierno anterior, y da respuestas poco claras sobre situaciones dudosas suscitadas durante esta administración (el vínculo entre Gustavo Arribas y los sobornos de la empresa Odebrecht, por citar uno).
Por su parte, el kirchnerismo toma una actitud exactamente análoga. La propia ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo hace algunos días que “es Macri el que tiene que dar cuentas por Odebrecht” y agregó que “estamos en el país del disparate, del blindaje mediático”. Varias cuestiones son curiosas sobre estas declaraciones. En primer lugar, Odebrecht ganó (junto a IECSA, del primo de Macri Ángelo Calcaterra) la licitación para la multimillonaria obra del soterramiento del Sarmiento durante la propia administración de CFK, que omitió esa información. En segundo término, logró desentenderse del tema porque los propios entrevistadores se lo permitieron, así como evitaron preguntarle sobre el ex Secretario de Obras Públicas José López – encontrado con nueve millones de dólares en efectivo y armas – o sobre el enriquecimiento de Lázaro Báez a partir de la obra pública.
Se observa entonces que los dirigentes del gobierno anterior toman precisamente la misma actitud que los del actual, aunque con una perspectiva contraria: ponen el foco en los casos de potencial corrupción en la gestión de Cambiemos, pero desvían la discusión de aquellos relacionados con la década anterior. Del mismo modo, los medios relacionados con este gobierno hacen hincapié en los casos que involucran al kirchnerismo y omiten los que pueden dañar a Macri, mientras los relacionados con el gobierno anterior hacen lo inverso. El “blindaje mediático”, en realidad, se replica. Y las actitudes de los dirigentes políticos de ambos bandos son dos caras de la misma moneda.
Así las cosas, parece existir en el sistema político argentino cierto sesgo ideológico sobre los casos de corrupción, que lleva a medirlos con distinta vara según quién sea el actor involucrado. Lo hace la sociedad, que apoya a un político o a otro, y lo hacen los dirigentes, que son reflejo de aquellos a quienes representan. Ese sesgo hace que se relativice la importancia de la corrupción, y logra que prácticamente nunca sea tomada realmente en serio por el arco político en su conjunto (porque si están implicados los del partido A, solo lo señalarán los del partido B, y viceversa). Así, es razonable pensar que mientras la lucha contra ella no sea desprovista de estos matices ideológicos no será seria, y por lo tanto no será efectiva.
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