Que sí, que no, que a veces, que más o menos… Los políticos argentinos tienden a contradecirse mucho a lo largo del tiempo. Eso no solo tiene que ver con que los partidos políticos no son sólidos ni tienen plataformas claras – lo cual les da margen de maniobra para acomodarse a las circunstancias -, sino también con un hecho fundamental de la coyuntura: su condición de oficialistas u opositores. La posición ocasional que ocupen dentro o fuera del gobierno propicia o no distintas posiciones respecto de algunas medidas, sin importar la ideología.
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mpre hay quienes creen que los unos son muy buenos y los otros son muy malos; lo mejor, sin embargo, es analizar algunos ejemplos. Una de las medidas más recientes del gobierno fue anunciar un blanqueo de capitales que tiene el objetivo de inyectar de dólares para la inversión la deteriorada economía del país. Alfonso Prat Gay, Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, fue uno de sus defensores y quien implementó la medida desde el gobierno. Hoy, sostiene que es una “última oportunidad, antes de ir a buscarlos con la AFIP” y una “oportunidad de ponernos al día con nuestros jubilados, a quienes hemos estafado”.
Sin embargo, cuando Axel Kicillof era Ministro de Economía llevó adelante prácticamente la misma medida, que Prat Gay – por entonces diputado nacional – calificaba como una “señal de un modelo que cruje”. Además, argumentaba que llevaba a Argentina por la senda de ser “el paraíso fiscal más grande del mundo” y llamaba al gobierno “década truchada”. En esa línea, Laura Alonso – también desde el Congreso, hoy titular de la Oficina Anticorrupción – sostuvo que “ningún diputado nacional del kirchnerismo puede defender esta entrega y blanqueo a evasores, corruptos, narcos y terroristas”. Lapidario.
Otro tema de discusión del comienzo del gobierno de Macri fue la aprobación por parte del Congreso Nacional de la llamada “Ley Antidespidos” (de Emergencia Laboral), que prohibía cesantear trabajadores por 180 días y proponía una doble indemnización que tendría vigencia luego de ese plazo. El FPV, que presentó el proyectó y lo promovió, argumentaba en la persona de Héctor Recalde (presidente del bloque de Diputados) que era necesario “darle respuesta a los trabajadores” ante la “ola de despidos” que se producía en el país.
En tanto, desde el gobierno se sostenía que esa ley tendría el efecto contrario: los empresarios dejarían de contratar trabajadores, puesto que sabían que no podrían volver atrás esa decisión si lo necesitaran, y la generación de empleo privado descendería abruptamente.
Curiosamente, ese mismo argumento se proponía desde el FPV cuando éste estaba en el gobierno y Sergio Massa presentaba una ley similar. En el año 2014, el propio Recalde sostenía que la sanción de ese proyecto podía “obstaculizar la contratación de personal”. Incluso, la propia Cristina Fernández de Kirchner sostenía que una ley antidespidos solo lograría “asustar al capital”, por lo que era necesario generar “acuerdos sector por sector para que no haya despidos”. Nuevamente, lapidario.
Efectivamente, se observa que el FPV y el PRO no están del todo en desacuerdo cuando son gobierno (ambos a favor del blanqueo y en contra de la ley antidespidos) ni cuando son oposición (los dos en contra del blanqueo, pero a favor de la ley antidespidos). Ni unos son tan buenos, ni los otros son tan malos: existen acuerdos tácitos entre los partidos respecto de cómo debe manejarse el Estado ante ciertos temas, pero a aquel que le toca circunstancialmente ejercer la oposición no le conviene admitirlo.
Hace exactamente 30 años, en 1986, el diputado nacional por la UCR Raúl Baglini – que luego sería además Senador – sostenía que cuanto más cerca está un dirigente del poder, menos arriesgadas y más pragmáticas y realistas son sus propuestas. Esa idea, un poco en joda y bastante en serio, se popularizó años después como el “teorema de Baglini”, satirizando a las ciencias sociales. Pero, nobleza obliga, tan errado no estaba.
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